Lima, potencia mundial: siempre que tenga infraestructura de última generación
Carlos De Martis, Responsable RR. PP. FDPE
Por el Frente Democrático de Peruanos en Europa (FDPE)
Ocho alertas sobre el escenario electoral
De acuerdo con las estadísticas, para estas nuevas elecciones habrá más de 1.2 millón de jóvenes que votarán por primera vez. La mayoría de ellos son estudiantes, trabajadores o informales, y todavía no tienen información suficiente sobre quiénes son los candidatos a la Presidencia y al Congreso.
En este escenario, las redes sociales juegan un papel central en la formación de opinión. Es importante reconocer que algunos sectores políticos están mejor organizados en este terreno, lo que representa un desafío para quienes defendemos la democracia. Por ello, resulta urgente promover campañas de información veraz y equilibrada que lleguen a los jóvenes y fortalezcan su participación consciente en el proceso electoral.
Un aspecto que sigue siendo motivo de preocupación es la permanencia de Piero Corvetto en la jefatura de la ONPE, junto con la influencia de Salas Arenas en el JNE. En las últimas elecciones se registraron más de un millón de votos impugnados, alrededor de 200 mil votos atribuidos a personas fallecidas y cerca de 300 mil votos anulados en el extranjero. Estos resultados, ocurridos durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme (sobrina de Vizcarra y Mohme), generaron serias dudas en la ciudadanía sobre la transparencia del proceso. A ello se sumó que la encuestadora IPSOS validara tendencias que parecían anticipar, de manera inusual, resultados que aún no habían sido confirmados oficialmente.
Algo similar ya se vivió tras el cierre del Congreso dispuesto por Martín Vizcarra en 2019. Aquellas elecciones extraordinarias trajeron consecuencias drásticas: el APRA, uno de los partidos más antiguos y tradicionales del país, no logró superar la valla electoral y quedó sin representación en el Parlamento. Fuerza Popular, que en la legislatura anterior había alcanzado más de 70 congresistas, se redujo a apenas 14 escaños. En los hechos, se anuló la presencia de las dos principales fuerzas opositoras del Ejecutivo.
Ese nuevo Congreso, atomizado y fragmentado, lejos de darle gobernabilidad a Vizcarra terminó destituyéndolo poco tiempo después. Lo ocurrido demostró que decisiones apresuradas y reglas poco claras pueden producir un debilitamiento del sistema democrático y una pérdida de confianza en las instituciones.
En Bolivia, analistas han señalado que la aparente derrota del MAS no significó el fin de la influencia de Evo Morales. El candidato Rodrigo Paz, que sorpresivamente pasó al primer lugar en la segunda vuelta, se presentó como una opción de centro izquierda y como outsider. Sin embargo, en su agrupación política se habría incorporado a un alto porcentaje de dirigentes vinculados al MAS, lo que alimenta la percepción de que representa una continuidad del proyecto de Evo bajo una nueva etiqueta.
Estas situaciones muestran cómo, cuando no existe plena transparencia, los procesos electorales pueden dar lugar a “outsiders” que en realidad responden a estructuras políticas tradicionales. Esto erosiona la confianza ciudadana y refuerza la necesidad de mecanismos de control que garanticen elecciones claras y legítimas.
En el Perú, la pasividad de amplios sectores políticos y ciudadanos frente a la reposición de Piero Corvetto en la ONPE resulta preocupante. A pesar de las controversias que marcaron su gestión, su permanencia refuerza la percepción de que el sistema electoral sigue bajo influencia de grupos afines al oficialismo y a sectores caviares.
Diversos analistas advierten que la estrategia podría repetirse: presentar dos candidatos de derecha con visibilidad (como los de Fuerza Popular y Renovación Popular) para dar credibilidad al proceso, y luego sorprender con un outsider vinculado a sectores de izquierda, impulsándolo a la segunda vuelta con ventaja. En este escenario, la conducción de la ONPE sería un elemento fundamental.
En el Perú no existe lo que en otros países se conoce como extrema derecha. Lo que sí tenemos es una gran dispersión de partidos que se ubican en el espectro de centro y derecha, pero que rara vez logran unirse debido al personalismo y al egocentrismo de sus líderes. Esta falta de articulación debilita cualquier alternativa frente a los proyectos autoritarios o populistas.
Para enfrentar los desafíos del 2026, resulta indispensable que estos sectores democráticos encuentren mecanismos de coordinación, construyan plataformas comunes y antepongan el interés nacional a las ambiciones individuales. Solo así podrán convertirse en una verdadera opción de gobernabilidad para el país.
Fuerza Popular tiene experiencia parlamentaria y un peso político importante en la vida nacional. Durante este periodo ha jugado un rol en la estabilidad democrática, pero es evidente que no ha tenido la oportunidad de impulsar reformas desde el Ejecutivo, ya que nunca ha gobernado directamente.
De cara al 2026, lo más relevante no será solo su posición en torno a la transparencia electoral, que debe estar incluida, por supuesto, sino la claridad de su plan de gobierno. El país necesita saber qué propone Fuerza Popular en temas de institucionalidad, economía, educación, salud y gobernabilidad, y cómo piensa llevar adelante esas propuestas durante cinco años de gestión. Lo que está en juego es demostrar si puede trascender el papel de oposición y convertirse en una alternativa integral de gobierno.
Todos los demás partidos de centro derecha están divididos y no se ve una intención de hacer una coalición, ojalá se logre porque aún hay tiempo.
Los partidos de centro y derecha se encuentran divididos y, hasta ahora, no se percibe una intención clara de formar una coalición. Esa falta de unidad debilita cualquier alternativa frente a proyectos que ponen en riesgo la democracia. Todavía hay tiempo para construir consensos, y lo ideal sería avanzar hacia una plataforma común que permita presentar una propuesta seria y de alcance nacional.
Un problema adicional es la escasa información pública y verificable sobre los más de 1,500 postulantes que buscan un escaño en el Congreso. La ciudadanía tiene derecho a conocer los antecedentes, logros y aportes de cada candidato en sus regiones y en el país.
Si bien nuestra Constitución permite que cualquier ciudadano nacido en el Perú y mayor de edad pueda postular, lo cual garantiza la inclusión democrática, ello no significa que debamos aceptar candidaturas sin estándares mínimos de idoneidad. Es urgente establecer mecanismos que aseguren la transparencia en los currículums, el acceso a información sobre procesos judiciales y la verificación de la trayectoria de quienes aspiran a representar al pueblo. Solo así se fortalecerá la confianza ciudadana en el Congreso.
La corrupción sigue siendo el gran cáncer de la política peruana. Miles de personas permanecen enquistadas en el Estado, muchas veces a través de consultorías y ONG creadas como negocios personales para vivir del presupuesto público sin rendir cuentas. Esta realidad genera un profundo desencanto ciudadano.
A ello se suma la proliferación de partidos políticos: hoy existen más de 40 inscritos, lo que significa que podríamos tener más de 40 candidatos presidenciales. Esta fragmentación extrema no fortalece la democracia, sino que la debilita, pues dispersa el voto y hace casi imposible un debate serio entre propuestas.
En los hechos, esta atomización favorece a quienes cuentan con un “voto duro” de 15–20% —como es el caso de Fuerza Popular o Renovación Popular— y deja espacio para que un outsider, vinculado a sectores caviares o de izquierda, pueda pasar a la segunda vuelta con ventaja. El resultado es un escenario donde la política se convierte más en una maniobra estratégica que en un verdadero debate de ideas.
El Perú necesita representantes honestos, íntegros y comprometidos realmente con el servicio al país. No basta con llegar al Congreso, se requiere experiencia previa, acreditaciones claras y, sobre todo, un conocimiento básico de la Constitución y del funcionamiento del Parlamento.
Es inaceptable que personas con procesos judiciales pendientes aspiren a una curul. La transparencia debe ser una condición mínima para postular. Del mismo modo, resulta urgente que se establezcan mecanismos de formación cívica para los candidatos y futuros congresistas. Tal como ocurre en cualquier profesión que exige un curso o certificación básica, nuestros representantes también deberían pasar por un proceso de preparación en normas y procedimientos parlamentarios.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de garantizar lineamientos claros y transparentes en este sentido. Solo así podremos contar con un Congreso que legisle con conocimiento, responsabilidad y vocación de servicio.
De ahí la importancia de exigir un proceso electoral transparente y verificable. El voto digital, si no cuenta con mecanismos de trazabilidad y auditorías independientes, puede convertirse en un terreno fértil para la manipulación y la desconfianza. El país necesita instituciones electorales sólidas, imparciales y abiertas al escrutinio ciudadano para evitar que se repita una historia de cuestionamientos que solo debilitan nuestra democracia.
Lima potencia mundial… en un tren viejo sin un riel de vuelta
En Bogotá se anunció hace poco la llegada de trenes eléctricos totalmente nuevos, acompañados de paraderos y estaciones cuya construcción avanza en un 70%. Se espera que comiencen a operar en 2026. En Santiago de Chile ocurre algo parecido: proyectos ferroviarios modernos que responden a planes nacionales de movilidad, concebidos y financiados con visión de Estado.
Y mientras tanto en el Perú… discutimos acaloradamente sobre un tren viejo, a diésel y de un solo riel. La ironía no puede ser más dolorosa: un tren viejo sin un riel de vuelta, hacia “Lima Potencia Mundial”.
La comparación no busca despertar envidia, sino frustración, rabia y un profundo sentido de atraso. Porque la verdad es que no estamos hablando de tecnología de punta, sino de una obra improvisada que se convierte en bandera política, en vitrina electoral. Lo peor es que buena parte de la población, asqueada pero resignada, termina subiendo al vagón y defendiéndolo, como si el próximo presidente del Perú se definiera por quién se sube primero a ese tren.
Los intereses que frenan la modernización
Más allá de la anécdota, hay que decirlo con claridad: en el Perú existen poderosos intereses que bloquean cualquier modernización. Tanto empresas formales como informales del transporte se benefician del caos actual. Han convertido la precariedad en su negocio y ejercen una influencia silenciosa, pero real, para que nada cambie. Ellos son los primeros en oponerse a trenes eléctricos o sistemas integrados de transporte.
Así, cada intento de modernización choca contra un muro de intereses enquistados, y mientras Bogotá o Santiago avanzan, Lima sigue atrapada en la lógica del “parchar” en lugar de planificar.
Una ciudad sin horizonte
No siempre fue así. Lima, antes de los años 60, tenía planificación urbana: se dejaron espacios demarcados para infraestructuras futuras. Pero la dictadura militar y las decisiones políticas que siguieron, pensadas más en concentrar votos que en ordenar la ciudad, acabaron con esa visión.
Las invasiones, el crecimiento desordenado y la ausencia de políticas de largo plazo crearon el caos urbano que hoy padecemos. Lo que en otras ciudades del mundo se planifica con 20 o 30 años de anticipación, en el Perú se improvisa en la coyuntura electoral.
El caudillismo municipal convertido en campaña presidencial
A este escenario se suma un fenómeno político perverso: muchos alcaldes ven su cargo como trampolín presidencial. En lugar de gobernar para resolver los problemas inmediatos de su ciudad, usan el cargo como plataforma de campaña, disfrazada de gestión. El caso actual no es la excepción: una obra obsoleta se convierte en símbolo de modernidad y propaganda, mientras la ciudad acumula deudas, improvisaciones y un maquillaje celeste en las paredes, como si el color pudiera esconder el desorden estructural.
Lo más grave es que esto no solo erosiona la confianza ciudadana: distorsiona la democracia. En cualquier país serio, si una autoridad quiere ser candidata, debe renunciar a su cargo y competir en igualdad de condiciones. En el Perú, en cambio, se juega a dos bandas: alcalde en funciones y candidato en campaña, aprovechando recursos, visibilidad y poder.
Un país atrapado en el cortoplacismo
Lo que vivimos con este “tren viejo” es un síntoma de un problema mayor: el Perú no tiene políticas de Estado en infraestructura. No hay continuidad, no hay planificación, no hay consensos mínimos. Cada gobierno —nacional, provincial o distrital— actúa como si el país empezara y terminara con él.
El resultado: miles de mini-presidentes en casi 1,900 municipalidades del país, todos compitiendo por el protagonismo local, pero sin una brújula nacional que ordene el futuro.
Un llamado desde el FDPE
Desde el Frente Democrático de Peruanos en Europa (FDPE) queremos insistir en algo fundamental: la infraestructura no puede ser rehén de caudillos ni de campañas improvisadas. El Perú necesita proyectos pensados como políticas de Estado, con visión de décadas y no de elecciones.
Si queremos realmente ser “potencia mundial”, empecemos por dejar de celebrar trenes viejos a diésel como si fueran modernidad, y apostemos por obras que nos conecten con el futuro. De otro modo, seguiremos atrapados en este bucle absurdo, viajando en un tren que no tiene ni riel de vuelta.
Conclusión
Por último, es evidente que el Perú enfrenta múltiples desafíos: la inseguridad ciudadana, el caos del transporte, la precariedad de la infraestructura de salud, educación y vías, entre muchos otros. Estos problemas no se resolverán de manera aislada ni con parches temporales.
Lo primero es alcanzar un mínimo de estabilidad política que permita al próximo gobierno desarrollar su plan de manera coherente y sin sobresaltos. Para ello, se necesita un Congreso responsable, partidos que actúen con visión de país y ciudadanos comprometidos con la democracia. Solo sobre esa base podremos impulsar las reformas que el Perú requiere y abrir camino a un futuro más justo y próspero.